Justicia para Putis

El día 26 de julio, en horas de la tarde se ha realizado una visita oficial, al laboratorio donde se viene desarrollando trabajos de identificación, por parte del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), sobre los restos exhumados en la localidad de Putis. Esta visita contó con la autorización y presencia del Fiscal Rubén Marino López López, donde además, participaron abogados de los familiares y el representante de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, el Dr. Jorge Fernández Mavila.

Según la información brindada por el encargado del equipo de peritos, José Pablo Barayvar, se ha avanzado a la fecha con el análisis de más del 50 % de los restos hallados. Encontrándose que, de ese total de los restos analizados, el 70 % corresponden a mujeres adultas, llamando la atención el caso particular de una embarazada, que tenía alojada el cráneo de un feto de aproximadamente 8 meses.

Asimismo refirió, el análisis realizado sobre muchos restos óseos de niños y niñas. Siendo particular, el caso de una niña de aproximadamente 2 años y medio, que presenta un uno de los huesos de la cadera, una perforación de proyectil de arma de fuego, que guarda relación con el orificio hallado en su prenda de vestir, a la altura de la cintura.

Por otro lado, se ha identificado restos óseos de varones adultos, en menor cantidad que la de mujeres, un hecho singular es el resto de uno de ellos, que presenta dos orificios de arma blanca (quizás cuchillo o bayoneta aún no se pudo precisar) en la prenda y que habría comprometido un hueso.

Cabe señalar que, entre los restos y prendas estudiadas, se halló muchos proyectiles de FAL, los mismos que guardan relación con los aproximadamente 60 casquillos marca FAME, encontrados en las inmediaciones de la fosa 01 (donde se hallaron los 60 restos). Lo que más llamó el interés de los peritos, es el hallazgo de proyectiles de 9 mm., que corresponderían a pistolas de uso exclusivo de oficiales, que habrían dirigido la masacre de los campesinos.

El Dr. Jorge Fernández Mávila, refiriéndose a la cantidad de los restos de mujeres, señaló que nos hace ver la pavorosa dimensión de esta masacre y que definitivamente nos conmueve, mas aún, si estas víctimas fueron mujeres, niños y niñas indefensas, dijo además, que por los testigos se sabe de la violación de mujeres antes de ser acribilladas, que merece el repudio de la comunidad, porque en otros lugares cuando hubo conflictos se respetaron la vida de mujeres y niños, por lo que exige a las autoridades contribuir con la identificación de los culpables.

Sobre el trabajo de EPAF, señaló que vienen desarrollando un trabajo profesional y eficiente, porque en poco tiempo ya se avanzó considerablemente y ojala, auguró, que pronto se puedan ir reconociendo los restos.

El Dr. Nolberto Lamilla Aguilar, uno de los abogados de los familiares de las víctimas de la matanza, presentes en la visita, señaló que los resultados de los análisis, viene evidenciando el ensañamiento de los militares contra una población indefensa, que en esa o en otras circunstancias no podrían constituir una amenaza para nadie. Refiriéndose a los proyectiles de 9 mm. hallados entre los restos, manifestó que no cabe duda que los oficiales del batallón dirigieron y actuaron juntamente con los soldados, quizás ultimando a quienes por un disparo no murieron fácilmente.

Asoc. Paz y Esperanza
Ayacucho

Imagine usted que un día acude al llamado de las autoridades militares para protegerse de los ataques terroristas. Imagine que, con la confianza de saberse protegido y de estar al lado de la autoridad, regresa al pueblo acompañado de otros campesinos, de su esposa y de sus hijos.

Imagine que después de unos días la tragedia aparece, que la autoridad militar cuya protección esperaba se envilece criminalmente. Las mujeres son violadas antes de ser asesinadas, los hombres son obligados a cavar sus propias fosas con engaños y 19 niños menores de siete años son asesinados para que no quede huella en el futuro. ¿Puede usted imaginar algo así? Pues así sucedió. En total, 123 campesinos, mujeres, hombres, niños y ancianos, fueron brutalmente asesinados y enterrados en Putis, en diciembre de 1984.

No existe explicación que justifique esta masacre que agravia a la conciencia de todos los peruanos y de la humanidad en su conjunto. Pero, como si esto fuera insuficiente, ¿se imagina que después de 24 años no se haya sancionado a una sola persona por estos crímenes?

Al cabo de tantos años, no se pueden admitir respuestas como “no existe la información”, “no hay los recursos necesarios para investigar”. O lo que es peor: “Hay que tomar en cuenta el contexto en que se produjeron esas muertes”. Todas son trabas y excusas que favorecen a la impunidad. Eso es inadmisible en una sociedad democrática, y agrede a la dignidad humana.

El Estado peruano tiene la obligación de demostrar que es capaz de hacer justicia, identificar a los responsables y sancionarlos para que estos graves hechos no se repitan jamás. La investigación de lo ocurrido en Putis requiere de un remezón ético y de una verdadera justicia. No podemos perder la capacidad de indignarnos ante tal muestra de desprecio por la vida, ni ser indiferentes ante tanto dolor.

El Perú es una sociedad que clama justicia, que pretende alcanzar la modernidad y el desarrollo económico, pero debe demostrar que es capaz de respetar la dignidad de sus ciudadanos y hacer justicia ante el crimen. Unamos esfuerzos por alcanzar una sociedad moderna y democrática. Hagamos justicia con la comunidad de Putis.

20 de julio de2008

Diario la República

Por primera vez, la comunidad de Putis escenario de uno de los crímenes más bárbaros ocurridos durante el conflicto armado interno, fue visitada por miembros de la Comisión Multisectorial para la Reconstrucción de Putis y por autoridades de la región Ayacucho, que llegaron en caravana hasta allí, para reunirse con los pobladores y escuchar sus principales necesidades y demandas.

Al llegar a Putis, luego de cinco horas de viaje desde la ciudad de Huanta (Ayacucho), los visitantes y la población reunida presenciaron el izamiento del pabellón nacional y entonaron el himno patrio para de inmediato hacer un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terror.

Tras estos actos efectuados en un ambiente de respeto y solemnidad, tuvo lugar una asamblea en la que cada representante se comprometió a desarrollar trabajos desde su sector para reparar a las familias afectadas y excluidas de Putis.

Entre las instituciones presentes en esta caravana se pudo apreciar a representantes de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, Consejo Regional de Reparaciones, Defensoría del Pueblo, Dirección Regional de Educación, Comisionado para la Paz y Desarrollo, FONCODES, UNICEF, Asociación Paz y Esperanza, y a los alcaldes del distrito de Santillana, Renol Pichardo Ramos, y de la provincia de Huanta, Edwin Bustíos Saavedra.

Al momento de su intervención, el alcalde de Huanta se comprometió a formalizar mediante una ordenanza municipal la creación del centro poblado de Putis, con lo cual tendría mayores oportunidades de desarrollo, exhortando asimismo a los presentes a realizar desde sus instituciones proyectos sociales (construcción de puesto de salud, escuela, viviendas), así como acciones de reparación en favor de la población.

Según la representante del Consejo Regional de Reparaciones, presente en la reunión, 113 afectados de Putis ya han sido incorporados en el Registro Único de Víctimas, cuyo trabajo se inició en toda la provincia de Huanta en el mes de mayo.

Putis es una comunidad olvidada y desatendida por las autoridades y el gobierno nacional a pesar que desde 1997 decenas de familias desplazadas retornaron con sus propios esfuerzos a su comunidad.

Las exhumaciones de restos humanos relacionados con la matanza ocurrida en esa comunidad el 13 de diciembre de 1984, en la que fueron asesinados por miembros del Ejercito Peruano alrededor de 120 personas, ha provocado la reacción de diversos sectores del país quienes se han sumado a la demanda de justicia y reparación para las víctimas de Putis.

Cabe resaltar que esta acción es una primera medida para impulsar la intervención interinstitucional en favor de una comunidad que espera y merece ser reivindicada.

Asociación Paz y Esperanza

Bajo la dirección de la fiscal Cristina Olazábal, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho, continúa el trabajo de análisis de los restos humanos descubiertos en las fosas comunes recientemente exhumadas en la comunidad de Putis.

El análisis de los restos hallados, programado del 12 de julio al 1 de agosto, se inició con la apertura de las cajas que los contenían, y con presencia e intervención de los peritos oficiales, pertenecientes al Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF).

Los resultados de este trabajo permitirá conocer la época a la que pertenecen los restos, y si como todo parece indicar, guardan relación con la matanza ocurrida en Putis en diciembre de 1984.

Como es de público conocimiento, en las exhumaciones realizadas en Putis en la que se estima es la fosa más grande existente en el Perú, y en otras cercanas a la misma, luego de semanas de arduo trabajo se pudieron recuperar restos de aproximadamente setenta y cinco personas, además de una gran cantidad de prendas de vestir y otros objetos de uso personal.

Nolberto Lamilla, abogado de la Asociación Paz y Esperanza, institución que patrocina legalmente a varios de los familiares de las víctimas de Putis, indicó que hay mucha expectativa por conocer los resultados de esta pericia, especialmente de parte de los familiares y vecinos de la comunidad quienes aguardan la entrega de los restos de sus seres queridos y co poblanos para ofrecerles un entierro digno.

Señaló asimismo el reconocimiento de su institución al Ministerio Público de Ayacucho y a los peritos forenses del EPAF, quienes vienen realizando un esforzado trabajo, que esperan culmine con el resarcimiento y justicia que honre la memoria de las víctimas.

Asociación Paz y Esperanza

Tres días por las carreteras destapadas de Ayacucho ayudan a experimentar en espalda y riñones una pequeña parte del drama interminable en ese departamento. La distancia entre los distritos de la misma provincia, aún luego de tantos años de la violencia desatada por Sendero Luminoso, sigue siendo lo suficientemente recia como para condenar a los habitantes altoandinos al aislamiento y la miseria.

Uno de esos puntos olvidados y revividos recientemente por las primeras planas es la comunidad de Putis en la provincia de Huanta. El manto de niebla se tiende espeso sobre un pueblo fantasma marcado por las fosas comunes y su ruinosa iglesia.

Esas fosas de la masacre en Putis son infernales cajas de Pandora, donde los cadáveres siguen en cuenta ascendente después de un cuarto de siglo. Los hechos eran conocidos desde hace mucho. Tanto que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) reseñó la matanza en su informe final. Allí narró cómo, en diciembre de 1984, “no menos de 123 personas” fueron engañadas por efectivos del Ejército que instalaron una base, obligadas a cavar las fosas bajo la excusa de que servirían para piscigranjas y acribilladas.

Pero recién en mayo último el Ministerio Público inició las exhumaciones de las fosas. Los pobladores de la zona, recientemente organizados, llegaron al triste recuento de 14 fosas y hasta 430 muertos.

Gonzalo Fernández Condoray tiene 31 años y dos hijos. Hoy es el secretario de la asociación de afectados de la zona Putis. La historia que narra ayuda a esclarecer la secuencia de hechos que precipitaron la masacre.

“Formamos ocho comunidades. Las víctimas venían de las distintas zonas. Yo tenía siete años y ya sentía cómo era ese lugar. Como niño ya sentía que la gente estaba un poquito desacomodada en la comunidad. Había miedo de los militares y también de Sendero, que también venían a asesinar a las autoridades. Desde el 83 vinieron las Fuerzas Armadas que venían del norte. La comunidad era quechuahablante, no hablaban castellano. Por eso no entendían, no tenían comunicación. Tal vez por mala comprensión los asesinaban. Los acusaban de colaborar. Decían, todos los de esta zona son de Sendero Luminoso. Ellos se escondían, se escapaban a los cerros”.

Fernández añade un elemento de rivalidad local poco conocido en la historia:
“Según los testimonios de los mayores de edad que estaban allí, entiendo que hubo personas de otra comunidad. La Justicia ya sabe de quiénes estamos hablando. Había harta ganadería. Por esa causa, por la codicia, asesinaron a toditos en general”.

¿Cómo el número de víctimas establecido por la CVR es más que triplicado?

“En el tiempo de la Comisión de la Verdad estábamos en otros sitios. Por una pasada nomás han llegado. No nos registraron a todos”. El retorno de los desplazados, narra, fue posterior. Fernández es de Viscatán Orccohuasi, que no se debe confundir con el actual enclave de los remanentes senderistas.

“Un poquito antes mi papá me ha llevado a la selva. Cuando los militares estaban por entrar a mí me han llevado para Llochegua y mis tíos nos han acompañado hasta ahí. Volvió al día y a los dos días lo agarraron los militares estando allí. A mi tío, a mis abuelitos, a mis abuelas. Perdí a todos. Solamente mi papá, mi mamá pudieron escapar con la bendición de Dios. También sentimos de nuestras familias que hemos perdido. Como niño todavía no conocía bien a mis abuelitos, a mis familiares. Todavía tengo sentir por ellos”.

El número de víctimas se entiende mejor con las estaciones de la procesión de muerte que, según el joven alcalde de la provincia de Santillana, Renold Pichardo, fue completada en el transcurso de una semana. Una de estas, cuenta Fernández, fue la quema de unos treinta niños menores de diez años en una choza de ichu. Nada quedó de ellos.

Hoy Fernández calcula que entre las ocho comunidades suman unas 500 familias. La misma Putis está prácticamente despoblada y sirve de zona de paso del narcotráfico, donde siete “mochileros” que cargaban coca fueron muertos por el ejército en octubre del año pasado.

“Vivimos de la agricultura y la ganadería. Algunos no tenemos ni una oveja. Una persona por lo mucho tendrá cinco vaquitas. A veces pastamos de otras personas su ganado en ese lugar. Tal vez después de un año nos dan una vaquita”.

Los cultivos se agotan en papa y oca. “Solamente para autoconsumo. No sacamos nada al mercado”.

La historia de Putis es la historia de Huanta y, por extensión, la de Ayacucho. El alcalde Edwin Bustíos, hermano de Hugo, el corresponsal de CARETAS asesinado por militares en 1986, señala que hay 11,600 víctimas mortales identificadas durante el conflicto interno. La cifra representa casi la quinta parte de la población total de aquel entonces. Hoy la provincia tiene alrededor de 65 mil habitantes.

En Maynay, cerca de la ciudad de Huanta, se reunieron centenares de representantes de las comunidades para el acto que celebró la semana pasada el primer año del Programa de Reparaciones Colectivas. Allí se hacen presentes incluso anexos y caseríos que esperan ser tomados en cuenta. Hay dramas que siguen inéditos, aun para los funcionarios del Estado dedicados al tema.

Durante su discurso, Bustíos añadió que el proyecto de ley 2050, tramitado en la oficina del parlamentario ayacuchano José Urquizo, propone establecer reparaciones en materia educativa con becas para los hijos de las víctimas.

Jesús Aliaga, del Programa de Reparaciones Colectivas, adelantó que el próximo año comenzarán las tan reclamadas modalidades individuales, precisamente con atención en Educación y Salud para los deudos. El Consejo de Reparaciones, encabezado por la ex comisionada de la CVR, Sofía Macher, viene identificando a las víctimas y, lo más importante, a los deudos.

Aliaga explica que hasta ahora las reparaciones colectivas se materializan con proyectos de S/.100 mil decididos en las comunidades, “las que ejercen la vigilancia”, y ejecutadas por las autoridades locales. Si las obras son de infraestructura, como el caso de Putis, la mano de obra no calificada es contratada entre los comuneros.

Algunos proyectos arrojan luces de esperanza. En Lucanamarca, escenario de una matanza de 69 personas cometida por Sendero, se decidieron por jaulas flotantes para la crianza de truchas en la laguna de Huanzo. Huanca Sancos cofinanció un taller de textiles. Sacsamarca, un reservorio de agua. Otras comunidades más aisladas como Sachabamba construyeron su local “multiusos”. Putis, olvidado y desconectado, ha comenzado por su trocha carrozable.

Aunque Bustíos reconoce que los proyectos representan el primer paso “para recomponer ese vínculo perdido entre el Estado y la comunidad”, también señala que “no vamos a poder sanar esas heridas con un proyecto pequeño. Pedimos redefinir y cambiar esas políticas para que Putis sea reparada de manera integral”.

Aliaga coincide y explica que entre el 2007 y el 2008, 903 comunidades en 15 departamentos accedieron a los proyectos. De estas, 264 son ayacuchanas.

Algunas de las últimas historias, como la de la comunidad de Sachabamba, en el distrito de Chiara, demuestran que los dos fuegos que sometieron a la población no son retórica de texto. Bajo un cielo furiosamente despejado, las viudas y huérfanas del lugar cuentan una a una cómo los terroristas y senderistas asesinaron a los miembros de las mismas familias. Una mujer de rostro particular, cuyas facciones infantiles son surcadas por arrugas profundas, rompe en llanto como si hubiera visto morir a su marido apenas la tarde anterior. Es el “sentir” latente al que se refiere Fernández en Putis. La frustrante pregunta vuelve a formularse en esas largas horas de caminos empedrados: ¿cuándo se logrará por fin voltear la página?

Peor aún, mientras más comunidades se visitan y más testimonios son escuchados, menos parece un disparate la cifra de 70 mil víctimas mortales calculada por la CVR. Como en las fosas de Putis, los muertos vuelven de donde nadie los esperaba. (Escribe: Enrique Chávez / Fotos: Oscar Medrano)

http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&S=&id=12&idE=784&idSTo=0&idA=33782

La República 03/07/08

Por: Wilfredo Ardito Vega

Varias veces he escuchado a los limeños repetir el más frecuente mito que existe sobre el conflicto armado: “Hasta que estalló el coche bomba en la calle Tarata, aquí nadie sabía lo que estaba pasando en la sierra”.  En realidad, los apagones, coches bomba, el toque de queda y los asesinatos selectivos aterrorizaban desde hacía tiempo a los limeños. El mito de la ignorancia sirve más bien para excusar la indiferencia que generaba el destino de los habitantes de las zonas andinas, una indiferencia que se ha repetido frente al hallazgo de las fosas de Putis.

Esta masacre permite, además, desmentir otros mitos que subsisten en relación con el conflicto armado. La crueldad y premeditación con que fue cometida deja sin piso la reiterada referencia limeña a “la época del terrorismo”, como si solamente un bando del conflicto hubiera actuado contra la población civil. También es imposible seguir afirmando que los crímenes cometidos por militares o policías eran hechos aislados, debidos a problemas psicológicos individuales. En realidad, al menos entre 1983 y 1985, las masacres de campesinos tenían un carácter intencional y sistemático.

De otro lado, se hace fundamental revisar la frecuente afirmación que en el conflicto armado no había un componente étnico decisivo. La condición de indígena (rasgos físicos, vestimenta, idioma, apellido) no solo volvía sospechosa a una persona, sino que justificaba que fuera asesinada. No se salvaban ni los niños de brazos (aquellos que los militares argentinos permitían sobrevivir), porque los indígenas eran vistos como seres prescindibles. Por ello, más que comparar la experiencia peruana con la de Argentina o Chile, es recomendable hacerlo con la de Guatemala, donde hubo muchas masacres con la misma modalidad que en Putis y abiertamente se habla de genocidio.

Otro mito extendido es que los crímenes cometidos por los militares fueron el terrible costo a pagar para la pacificación. La verdad es que la derrota de Sendero Luminoso en 1992 no tuvo ninguna relación con matanzas como la de Putis en 1984. En realidad, la sucesión de atrocidades entre 1983 y 1985 deslegitimó totalmente al Estado, favoreciendo el crecimiento exponencial de Sendero Luminoso.

Por eso, estas fosas quiebran también otro mito que hubiera causado profunda sorpresa en aquellos años: que el de Fernando Belaunde era un gobierno democrático y pacífico. Las ejecuciones masivas de civiles, la brutal tortura de los detenidos, la violación sexual de millares de mujeres fueron prácticas permanentes de las Fuerzas Armadas y Policiales durante su gobierno.

El minuto incluye la benevolente percepción que FBT “no sabía” lo que ocurría, como los demás limeños.  Bastaría revisar La República de esos años para ver cuán falsa es esa percepción. La misma Amnistía Internacional escribió muchas cartas a Belaunde y él se jactaba de arrojarlas a la basura y mantener su respaldo a los militares. Para que no quedara duda, en 1984, el Parlamento, dominado por Acción Popular y el PPC, aprobó la Ley 24150, que estableció la amnistía frente a los crímenes cometidos hasta entonces.

Finalmente, muchas veces, los peruanos tenemos el mito de que la guerra con Chile fue el período más doloroso de nuestra historia.  En realidad, las fosas de Putis nos confirman que este período se produjo hace muy pocos años… y que los responsables fueron peruanos, que se encuentran en la impunidad.

Por eso, estas fosas nos transmiten información sobre cada uno de nosotros. Por eso es tan importante para muchas personas no prestarles atención: hacerlo implicaría confrontarse con ellas mismas y nada mejor que algunos mitos tranquilizadores para evitarlo.

Real Win MP

Lima, 01/07/2008 (CNR) — El director regional de la Asociación Paz y Esperanza en Ayacucho, Nolberto Lamilla, confirmó que se ha encontrado una sexta fosa con restos, aparte de las cinco que ya habían sido exhumadas hasta el 25 de junio en la comunidad de Putis, provincia de Huanta.

“Por testimonios de habitantes de la zona, pudimos localizar una sexta fosa en donde se han encontrado también restos de personas que habrían sido victimadas con los demás pobladores en la zona de Putis”, informó.

En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Lamilla aseguró que esta sexta fosa ha sido inmovilizada por el Ministerio Público para realizar la reprogramación del trabajo de exhumaciones en el más corto plazo posible.

De otro lado, Lamilla señaló que es “muy extraño” que el Ministerio de Defensa (MINDEF) no brinde la información requerida para reconocer a los responsables del Ejército que perpetraron la matanza en Putis, en el año 1984.

“Respecto a Putis se ha hecho requerimiento de información (al MINDEF) hasta tres veces, desgraciadamente la información que ha enviado al ministerio Público ha sido escasa y dicen que no han encontrado los archivos y las referencias a pesar que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha mostrado los cargos de esos documentos”.

Como se recuerda, a fines de mayo se inició la exhumación de la fosa común más grande del Perú, ubicada en la comunidad de Putis, en las alturas de la provincia de Huanta.

A la fecha, se han desenterrado los restos óseos de más de 60 personas -entre ellos 12 niños y niñas de entre 6 y 12 años de edad- presumiblemente procedentes de las comunidades de Vizcatampata, Cayramayo, Sinhuamachayniyocc, Orccohuasi y Mashuacancha. Todos ellos acudieron al llamado de la base militar con la finalidad de buscar protección frente al hostigamiento y ataque de la subversión.

Por Germán Vargas Farías

El último sondeo de opinión de la empresa Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado, dado a conocer ayer incluye la respuesta del encuestado limeño a la pregunta ¿Qué le genera en estos momentos el fútbol peruano?. Un 57% responde vergüenza, el 39% desilusión y el 33% rabia. Yo siento en grado mayor lo mismo pero respecto a un asunto más importante: la actuación y respuesta del Estado frente al crimen y la barbarie.

Y me refiero a Putis. Hace más de un mes comenzó a revelarse una de las peores matanzas ocurridas durante el conflicto armado interno, y hay gente y autoridades singularmente locuaces -y hasta estridentes- que no han dicho nada.  

En varias ocasiones escuché el testimonio de ayacuchanas decir que a sus hijos, esposos, hermanos, los habían matado como a perros. Pero se quedaron cortas. En el caso ocurrido en Putis, el 13 de diciembre de 1984, fue peor. Si usted ha seguido la noticia ya lo sabe, y seguramente conoce mejor aún la suerte de un perro llamado ‘Matías’ a quien el congresista  Miró Ruiz ultimó en un arranque de idiotez, o no sé qué, que con seguridad merecerá sanción.

‘Matías’, que en paz descanse, tenía una familia humana que le amaba, que reclamó verdad y justicia, y que logró que el perpetrador que inicialmente negara la fechoría, terminara aceptando su responsabilidad. Mérito de la lucha de la propietaria del perro, la señora Lina Ventura, de RPP que acogió la denuncia, y de otros medios de comunicación e instituciones y ciudadanos en general que en una expresión colectiva de desaprobación a la conducta del congresista, convertirá a ‘Matías’ en un símbolo de la solidaridad de los seres humanos, la mayoría, con aquél que es reconocido como su mejor amigo: el perro.

Tan contundente fue la reacción pública que vimos y escuchamos al congresista aquél pedir perdón a la familia propietaria del can, a los vecinos, y a toda la sociedad peruana e instituciones que luchan por la protección de los animales. Suerte de perros. A los familiares de las víctimas de Putis (niños pequeños, mujeres, ancianos, familias completas) no se les ha dado hasta ahora una explicación y menos alguien parece tener el coraje de pedirles perdón.

¿Perdón?, pero si estamos hablando de vidas de gente que no es relevante para nada, al  chispeante comandante general del Ejército parecen no importarle la vidas de más de cien de sus paisanos cobardemente asesinados. Ya le importará cuando –si es cierto lo que dicen- quiera ser presidente regional de Ayacucho. Al ministro de Defensa, otro sandunguero funcionario, poco se le puede reclamar. Ya una vez se refirió a la gente del ande como llamas y vicuñas. Estamos notificados, mataron a auquénidos no personas, y los auquénidos, quizás, valen menos que los perros.

Y al inquilino de Palacio?, sí, ese señor que se gana la vida vendiendo ilusiones de grandeza sin  costo ni dolor para los poderosos, quizás no se ha enterado de lo que ocurrió en 1984 (George Orwell no lo imaginó tan mal), y allí va, celebrando cumbres e ideando artificios para una sola cosa: su autocomplacencia y el deleite de sus amigos.

¿Podría ser distinto?, creo que sí, Si fuéramos capaces de indignarnos porque a hermanos nuestros los asesinaron de seis en seis, más que por los seis goles que nos regaló la selección uruguaya. Si sintiéramos vergüenza, desilusión y rabia porque la vida no vale nada cuando a prójimos los  están matando y hay que gente que permanece sentada cual si no pasara nada. Si al esfuerzo de varios se unen los que piensan, y sienten, en grande. Los hay en el Perú, sólo hay que avisarles.

 Publicado en diario regional La Calle, el lunes 23 de junio, 2008

Por Germán Vargas Farías

La noticia ha concitado la atención de diversos medios del país y de agencias internacionales, empezaron los trabajos de exhumación en la que se estima es la fosa común más grande del Perú identificada hasta ahora. La noticia es la exhumación, pero la noticia es también la barbarie. Al menos 123 personas, entre varones, mujeres y niños fueron extrajudicialmente ejecutados en diciembre de 1984. Ocurrió en Putis,  comunidad del distrito de Santillana, provincia de Huanta, Ayacucho.

Se trató de una sucesión de actos perversos. El informe final de la CVR ha registrado algunos de ellos, otros datos los conocemos recién ahora. Nos lo cuentan gente que sobrevivió a la tragedia, que ya no quiere ocultar su dolor.

Alrededor de ciento cincuenta personas  de Vizcatampata, Rumichaca, Cayramayo, Orccohuasi y otras comunidades, llegaron a Putis confiados en la promesa de los militares instalados en la zona de brindarles protección. Eran personas que vivían asediados por terroristas de Sendero Luminoso pero también de otros, que vestían uniforme. Eran personas que querían vivir en paz pero fueron engañados, y obligados a cavar su propia fosa traicioneramente asesinados.

La noticia es la barbarie pero la noticia es también la esperanza. La esperanza de personas que 24 años después regresan a Putis a seguir buscando a los suyos, con la casi certeza de hallar sólo restos de sus seres queridos. La esperanza de una mujer que cuando niña, de 13 años apenas, fue apartada de quienes iban a morir, para usarla de cuartel en cuartel hasta hacerle envidiar la suerte de quienes, al menos, juntos murieron.

No fue un accidente, ni el exceso maldito que sujetos con la conciencia purulenta siguen diciendo. Por cobardía, estupidez o inhumanidad, no se reconoce que hubo un Estado que permitió y alentó el crimen y la vileza, y una sociedad que calló, a la que poco o nada le importó. En Putis se ha abierto una fosa más que pone al descubierto restos de seres humanos, pero que también revela mucho de nuestros males y defectos.

La noticia es la esperanza pero la noticia debe ser, también, la justicia. La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho decidió iniciar la exhumación de restos en Putis, con la cooperación del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) que ofreció generosamente su sapiencia y experiencia. Es una tarea grande que recién empieza. Se han sorteado obstáculos varios para llegar hasta allí, hará falta mucho más para alcanzar justicia.

El Ejército Peruano ha dicho, ante requerimientos de la CVR y del Ministerio Público, que no tienen ninguna relación de personal militar que sirvió en la base militar de Putis. Como si se evaporaran los criminales. Estamos una vez más advertidos, la justicia cuesta, no nos la regalarán.

Nuestro país será capaz de organizar dos y más cumbres mundiales, y podríamos soñar hasta el delirio y la soberbia con organizar los juegos olímpicos de no importa que año, pero hace falta mucho para que la justicia se incorpore lentamente, abrace al primer hombre y se eche a andar. Me lo contó Vallejo.

Publicado en diario regional La Calle, el lunes 26 de mayo, 2008

La exhumación de fosas en la comunidad Putis, producto de la barbarie perpetrada el 13 de diciembre de 1984 por efectivos del Ejército Peruano, cuyo resultado fue la violación sexual de mujeres, la tortura y muerte de más de cien personas, entre ellos niños y niñas, nos muestra una vez más el horror del conflicto que afectó nuestro país, y que sufrieron particularmente varias de sus comunidades más pobres y excluidas.

Motivados por el dolor y la indignación que nos suscita este hecho, y el clamor de nuestros compatriotas afectados, expresamos lo siguiente:

1. Nuestra solidaridad con los familiares y víctimas de estos execrables sucesos que han dejado heridas profundas en una población que solo buscaba seguridad y confió en la protección que le daría el Estado.

2. Nuestra extrañeza por la actitud de las autoridades gubernamentales minimizando la responsabilidad del Estado frente a la tragedia ocurrida.

3. Un gesto mínimo de respeto que corresponde es la expresión de disculpas públicas a las víctimas por el sufrimiento causado, por acción directa de agentes del Estado, o porque no se les dio la protección que se les debía.

4. Demandamos a las autoridades del Estado, en particular del Poder Ejecutivo, a actuar con diligencia y honor para permitir que este caso sea debidamente investigado. La comunidad de Putis merece además de los gestos necesarios de perdón, acciones concretas de reparación.

Lima, 29 de junio del 2 008

Fernando de Szyslo
R.P. Gustavo Gutiérrez
Augusto Álvarez Rodrich
Rosa María Palacios
Mirko Lauer
Cesar Hildebrandt
Francisco Lombardi
Luis Peirano
Rocío Silva Santisteban
Rafo Raez
Salomón Lerner Febres
Rev. Rafael Goto
Delfina Paredes
Fernando Tuesta Soldevilla
Rafael León
R.P. Gastón Garatea
Vanessa Robbiano
Martín Tanaka
Susana Villarán
Jorge Bruce
Carlos Basombrío
Santiago Pedraglio
Fernando Rospigliosi
Cecilia Blondet Montero
Fernando Villaran
Pedro Francke
Walter Albán
Teresa Quiroz Velazco
Carlos Iván Degregori
Sandro Venturo Schultz
Jesús Enrique González Carré
Iván García Mayer
Pilar Coll Torrente
Ronald Gamarra
Laura Vargas
Ricardo Velásquez Paredes
R.P. Felipe Zegarra
Piero Quijano
Javier Iguiñiz Echevarria
Alberto Adrianzen
Catalina Romero Zevallos
R.P. Rómulo Franco
Gino Costa
Jacqueline Fowks
Rolando Ames
Javier Azpur
Francisco Soberon
Jurgen Schuldt
Alfonso Wieland I.
Carmen Lora
Rosa Villarán de la Puente
María Rosa Lorbes
Rosa Alayza
Ricardo Soberon Garrido
Virginia Vargas
Ismael Muñoz
Rebeca Diz
Luis Miguel Sirumbal
Joel Calero
Gerardo Tavara
Pedro Sánchez
Fernando Romero
Javier Torres
Jose De Echave
Ivonne Macassi Leon
Jose I. Tavara
Manuel Iguiñiz Echevarria
Julio Villanueva Chang
Roxana García Bedoya M
Mariella Checa Mendiburu
Alfredo Héctor Márquez Espinoza
Jorge Alberto Miyagui Oshiro
Laura Balbuena
Ana María Tamayo
Percy Medina
Juan Rafael Infante Alosilla
Miguel E. Santillana
Alejandra Alayza Moncloa
Mabel Barreto
Iris Jave
Abilio Arroyo Espinoza
Erika Bocanegra
Luis Llontop
Nancy Chappell
Eduardo Vilanueva Mansila
Maruja Barrig
Luis Chirinos
Jurgen Schuldt
Willy López
Ricardo Vásquez Suyo
Maria Isabel Remy
Victor Caballero Martin
Martin Soto Guevara
Juan Luis Balarezo
Julio Oviedo Olguin
Susana Chávez
Silvia Loli Espinoza
Marlene castillo Fernandez
Martin Soto Guevara
Juan Carlos Guerrero Bravo
Rosario Valdeavellano Roca Rey
Jorge Acevedo Rojas
Rodolfo casanova Bartra
Jose Carlos Machicao
Socorro Naveda
Ricardo Caro
Maria Vega-Centeno B.
Alejandra Alayza Mancloa
Patricia Urteaga Crovetto
Julio Ismodes
Luis Armando Vargas Casas
Julissa Mantilla Falcón
Santiago Alfaro Rotondo
Washington Zeballos
William López
Fidel Tubino
Ricardo Caro Cardenas
Juan Mendoza
Carlos Salazar Couto
Mercedes Crisóstomo Meza
Charlie Smith
Andrés Huget Polo
Luis María Sauto Hurtado
José Luis Franco
Consuelo de Prado Sánchez
Julio Martín Soto Guevara
Jairo Rivas
Marisol Vega Ganoza
Alexis Chevez Solis
José Siancas Gamboa
Oscar Alberto Espinoza
Blanca Merino Vásquez
Eduardo Gonzáles Viaña

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la siguiente dirección msovero@pazyesperanza.org