Hoy se cumplen 25 años de la masacre de más de un centenar de indefensos comuneros, asesinados por fuerzas militares en Putis, localidad enclavada en las alturas de la provincia de Huanta, en Ayacucho; sin que las víctimas ni sus deudos encuentren la justicia, a pesar de buscarla durante todo ese tiempo y de la lucha emprendida por defensores de los derechos humanos para que los responsables sean sancionados como corresponde y en bien de la reconciliación y la dignidad nacional.
Sólo cuando se haga justicia los pocos restos recuperados desde el vientre mismo de la tierra que los mantuvo en el olvido por casi 24 años, de mujeres, hombres, niños y ancianos, asesinados sin misericordia, podrán por fin descansar en paz y dejar de clamar por la justicia hasta hoy esquiva.
La reiterada negativa del Ministerio de Defensa de identificar a los militares, en especial de los mandos, que sirvieron en la base acantonada en Putis en aquel entonces, favorece la impunidad de los asesinos, pues impide a la Segunda Fiscalía Penal formular la denuncia correspondiente ante el Poder Judicial, a ocho años de iniciadas las investigaciones de la matanza.
Por tal razón, el pasado viernes la asociación que auspicia a los deudos de Putis, Paz y Esperanza, con el apoyo del clamor de ciudadanos de todo el mundo, reiteró al ministro de Defensa, Rafael Rey, el pedido de información, y le señaló que las víctimas, los deudos y todos los peruanos esperan que, esta vez, la respuesta dada por su antecesor, Ántero Flores-Aráoz, no se repita.
Los representantes del portafolio de Defensa parecen no entender que no se trata de un favor solicitado, ni de una concesión especial, sino que es un deber ético y legal, atender positivamente los reiterativos oficios que le remite el Ministerio Público para que colaboren como corresponde en el proceso de identificación de los responsables.
Debido a la negativa del Ministerio de Defensa para entregar la información requerida por la Fiscalía, en el transcurso del año sólo en Ayacucho se han archivado otras 180 denuncias de crímenes contra los derechos humanos, de manera provisional o definitiva, según informó Germán Vargas, director nacional de Paz y Esperanza.
Entre la información requerida por el Ministerio Público al Ministerio de Defensa figuran las hojas de servicio de los militares Wilfredo Mori Orzo, Raúl García Vergara, Roboan David Jaime Sobrevilla, Luis Adolfo Paz Zavala, Héctor Mondejar Petrovcih, José Manuel Figueroa Higueras, Juan Rolando Ponce Escalante, Oswaldo Castillo Uribe, Jesús Salvador Zamudio Aliaga, Carlos Soto Mesinas y Luis Óscar Grados Bailetti.
La Fiscalía pide también la remisión de una copia certificada de la tarjeta personal de Augusto Gabilondo García del Barco, Alberto Rivera Valdeavellano, Juan Vega Llona (asesinado por Sendero Luminoso en 1986, en Bolivia, donde era agregado naval) y Gustavo Cárdenas Brau y el reglamento del personal superior emitido en abril de 1986.
En la misiva remitida a Rey, Paz y Esperanza recalca que los documentos solicitados por el Ministerio Público pertenecen al Patrimonio de la Nación (Ley del Sistema Nacional de Archivos y Ley de Defensa, Conservación e Incremento del Patrimonio Documental), por lo que tienen que haber sido registrados, pese a que anteriores ministros de Defensa sostienen que fue eliminada o incinerada.
Asimismo, exhortan al ministro a iniciar en todo caso investigaciones para dar con los responsables de la supuesta inexistencia de la información, y le recuerdan que algunos militares interrogados en esta investigación han alcanzado copias de algunos de esos documentos.
El día que se desató el infierno
Corría el año de 1984 y los ataques e incursiones de las huestes terroristas de Sendero Luminoso en las comunidades de Ayacucho eran pan de todos los días, mientras que, por otro lado, estaba la constante acción militar, lo que colocaba a la población entre dos fuegos.
En estas circunstancias se instala una base militar en Putis, cuyos efectivos convocan a 200 comuneros que estaban dispersos en zonas altas como Rodeo, Vizcatánpata, Rumichaca, Sayhuallamacniyocc, Pampahuasi, Huancas Orccohuasi y Cayramayo, para convencerlos a mudarse a la comunidad de Putis, junto al destacamento para -supuestamente- darles protección, lo que los labriegos aceptaron sin presagiar lo que les ocurriría pocos días después.
En la madrugada del 13 de diciembre, los militares congregaron a los pobladores cerca de la escuela, con el pretexto de que iban a construir una piscigranja para que el pueblo pueda beneficiarse de la crianza y la venta de peces, por lo que les ordenaron cavar zanjas para los supuestos criaderos. Una vez concluida la labor comunal, los militares separaron a las mujeres y las violaron. Luego, sin piedad, ordenan a hombres, ancianos, niños a ubicarse en torno de las fosas excavadas por ellos mismos, para acto seguido dispararles a quemarropa, una modalidad utilizada por la Alemania nazi para exterminar a los judíos, conforme revelaron a esta periodista miembros del Equipo Peruano de Antropología Forense (Epaf), durante las labores de exhumación de los cuerpos.
Más de 100 personas fueron ejecutadas aquella mañana de diciembre y sus cuerpos fueron enterrados en las mismas fosas que habían excavado, con lo cual los asesinos creían que enterraban también el abominable crimen.
Los militares actuaron llevados por la rabia de creer que los campesinos eran terroristas, pero también por la ambición de apropiarse del ganado de la comunidad, que luego vendieron en la localidad de Marccaraccay, según refiere el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Salud mental
Pese a que aún la justicia no toca a sus puertas, los familiares de Putis hoy pueden volver a sonreír de manera espontánea y agradecer, luego del entierro de sus seres queridos realizado en agosto último.
“A pesar de mi tristeza por haber perdido a mi hija de 11 años, estoy alegre porque ya tendré un lugar donde pueda visitarla y ponerle velas y flores”, o “déjenme llorar a mi muerto”, o “no necesito que carguen a mi muerto porque lo puedo hacer sola”. Fueron algunas de las expresiones venidas desde lo hondo del corazón de algunos de los familiares. Fueron gestos y reflexiones sencillos, pero que Paz y Esperanza considera vitales, ya que reflejan que el pueblo de Putis quiere ser protagonista de su propia historia y de su desarrollo, para lo cual requiere recuperar la salud mental afectada por el trauma de la infernal matanza.
Teniendo en cuenta que el apoyo emocional a las víctimas de violaciones de derechos humanos es una tarea muy importante para la comunidad de Putis, el equipo de salud mental de la Asociación Paz y Esperanza realizando allí servicios dirigidos a los familiares de las víctimas.
En coordinación con la organización de afectados se han formado dos grupos de ayuda mutua con la presencia de padres e hijos, en los que se practica el ayllu, cuyo objetivo es fortalecer a las personas a través de la solidaridad y el acompañamiento. Es allí donde los participantes procesan su dolor y se asisten mutuamente, intercambiando experiencias en grupo, lo cual los fortalece. Las prácticas solidarias, como las reuniones de pobladores, se perdieron en las comunidades ayacuchanas durante el conflicto armado interno, debido a la violencia perpetrada por terroristas y militares.
Los grupos de ayuda se forman en Putis después de las exhumaciones realizadas entre mayo y julio del año 2008, facilitadas también por el intercambio constante desarrollado para preparar el entierro digno que tuvo lugar en agosto del presente año.
En las comunidades andinas hay dos espacios de encuentro muy importantes y uno de ellos es la cocina. Este es un lugar propicio para hablar e intercambiar experiencias vividas, en el que se da una suerte de terapia mutua. El otro espacio lo constituyen las reuniones formales o informales donde las personas trabajan con sus manos elaborando cintas o watanas de colores, tejidos, e incluso sembrando hortalizas.
Cronología de la tragedia
Noviembre de 2001: Se publicó un reportaje que informó al país y al mundo de la terrible matanza
Diciembre 2001: La Fiscalía Mixta de Huanta, formula denuncia contra el Gral. EP (r) Adrián Huamán Centeno y el comandante EP Edmundo Obregón Valverde.
2001–02: Se realizaron diligencias testimoniales, así como la solicitud de información sobre el personal de la Base Militar de Putis, al Ministerio de Defensa (MINDEF).
Mayo de 2003: La investigación fue remitida a la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho.
Enero 2005: El Ministerio Público recibió las fichas de identidad del general Adrián Huamán Centeno.
Enero 2006: La Defensoría del Pueblo remitió la denuncia de genocidio presentada por Gerardo Fernández Mendoza representante de los familiares a la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho, según la cual las víctimas fueron más de 400.
Marzo - abril de 2008: Seis familiares de las víctimas solicitan al Ministerio Público la realización de la diligencia de exhumación, representados por la Asociación Paz y Esperanza.
Abril 2008: La Fiscalía dispuso la ampliación de la investigación por 120 días, disponiendo la realización de diligencias de declaraciones testimoniales.
Mayo 2008: Peritos oficiales del EPAF realizan la diligencia de exhumación, que culminó en julio.
Diciembre de 2008: La Fiscalía incluyó como investigado al Gral. Wilfredo Mori Orzo y a seis integrantes de su estado mayor.
Diciembre del 2008: La investigación se amplió por 45 días más.
Enero de 2009: La Fiscalía cito a declarar al general Wilfredo Mori y los oficiales José M. Figueroa Higueras, Raúl R. García Vergara, Roboan D. Jaime Sobrevilla, Luis A. Paz Zavala, Héctor Mondejar Petrovich y Juan R. Ponce.
Febrero del 2009: Se difunde el video preparado por la Comisión de la Verdad que contiene testimonios de los campesinos de Putis sobre los hechos.
Abril del 2009: La Fiscalía solicitó al Ministerio de Defensa que remita información sobre la trayectoria de servicio y el Informe de Eficiencia Normal de 16 militares que actuaron en Ayacucho durante 1984.
Junio del 2009: El laboratorio de Bode Tecnology Kinship de USA remite el informe de ADN.
Agosto del 2009: La Fiscalía entrega los restos de las víctimas exhumadas de las fosas de Putis.
Agosto del 2009: Entierro digno de los restos de las víctimas de Putis, con actos de homenaje en Huamanga, Huanta, San José de Secce y Putis.
Setiembre del 2009: Apertura de una nueva investigación por una fosa encontrada cerca de aquellas en las que fueron rescatados los primeros restos.
Noviembre del 2009: Pedido a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga para que traduzca del informe de ADN del laboratorio de Bode Tecnology Kinshi, así como al laboratorio de criminalística para que remita la pericia de balística de los casquillos Fame encontrados en las fosas.
Vilma Escalante
Redacción
Dic 17 2009
