Lima, 12 de Diciembre del 2008

La Asociación Paz y Esperanza, institución cristiana que promueve y defiende los derechos humanos, al conmemorarse los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cumplirse 24 años de la barbarie ocurrida en Putis, se dirige a las autoridades del Estado, y a la población en general para manifestar lo siguiente:

Como es sabido, el 13 de diciembre de 1984 se perpetró una de las más crueles matanzas ocurridas durante el conflicto armado interno que afectó nuestro país. Ese día, miembros del Ejército Peruano asesinaron en la comunidad de Putis, ubicada en el distrito de Santillana, provincia Huanta – Ayacucho, a más de 100 personas entre las cuales se encontraban 48 niños, la mayoría menores de 10 años de edad, así como mujeres y varones, varios de ellos adulto mayores.

A pesar de las evidencias que confirman la gravedad de lo ocurrido, el horror de esa matanza parece no escandalizar a las más altas autoridades de nuestro país, pues no han mostrado sensibilidad para reaccionar atendiendo las demandas de dignidad y justicia de los familiares de las víctimas de Putis.

Por ello, nos pronunciamos hoy para exigir, en memoria de cada uno de nuestros hermanos y hermanas caídas aquél aciago día, de las mujeres que sufrieron violación sexual, y de una comunidad entera que fuera cobardemente engañada y violentada por parte de quienes estaban obligados a protegerle, que cese la indiferencia, el trato discriminatorio, y la reiterada ofensa a un pueblo que clama por justicia, y el reconocimiento de su dignidad.

Exigimos expresiones públicas de disculpas a la población de Putis por el dolor ocasionado, compromiso claro y efectivo del Ministro de Defensa de entregar la información requerida por el Ministerio Público para que este crimen no quede en la impunidad, y atención social prioritaria para la reconstrucción del Centro Poblado de Putis.

El Ministerio Publico hasta la fecha no ha cumplido con notificar a los generales Adrían Huamán Centeno y Wilfredo Mori, quienes habrían estado en funciones durante los hechos de la matanza. Estas personas, en principio, deben aclarar su grado de conocimiento del asesinato y las identidades de los autodenominados Teniente Lalo, Capitán Bareta y Comandante Oscar. De no identificarse a los perpetradores, el caso de la matanza en Putis corre el riesgo de ser archivado definitivamente. En resumen, exigimos a la Fiscalia celeridad en reunir las pruebas para que al fin pueda formularse una denuncia contra los responsables.

En este día, también, hacemos un llamado a todos los hombres y mujeres de buena voluntad en nuestro país para perseverar en la demanda de dignidad y justicia para Putis, solidarizándonos con su clamor y su lucha. Que nuestro Dios de consuelo, ánimo y fortaleza al pueblo de Putis, y a todas y todos quienes asumamos su causa.