La Primera

Las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Rafael Rey, sobre la supuesta inexistencia de información oficial acerca de los responsables de la matanza de 123 campesinos de la comunidad ayacuchana de Putis, constituyen una reiteración de la minúscula voluntad del gobierno para asumir su responsabilidad de hacer efectivos los derechos humanos adoptando las medidas necesarias para asegurar el derecho de las víctimas a la verdad, y para que crímenes atroces no queden en la impunidad, sostuvo Germán Vargas Farías, director nacional de la Asociación Paz y Esperanza, que patrocina a los deudos de esta matanza.