Asociación Paz y Esperanza

28 de setiembre

Las recientes declaraciones del Ministro de Defensa Rafael Rey sobre la no existencia de información oficial sobre los responsables de la matanza de 123 campesinos de la comunidad ayacuchana de Putis constituyen una reiteración de la minúscula voluntad del gobierno para asumir su responsabilidad de hacer efectivos los derechos humanos adoptando las medidas necesarias para asegurar el derecho a la verdad de las víctimas, y para que crímenes atroces no queden en la impunidad.

Así reaccionó Germán Vargas Farías, abogado y director nacional de la Asociación Paz y Esperanza, quien lamentó que altos funcionarios del Estado ignoren que por la naturaleza de la documentación requerida por el Ministerio Público para la investigación de crímenes contra los derechos humanos, no es aceptable alegar que ésta no existe, que ha sido eliminada o incinerada, en cuyo caso hace rato se debieron realizar las investigaciones del caso para determinar las responsabilidades a que hubiere lugar.

Para el representante de Paz y Esperanza es inadmisible que no se cuente con las hojas de servicio del personal que estuvo en la Base Militar instalada en Putis, que no se tenga idea de quien estaba a cargo de dicho destacamento, y que se ignore los desplazamientos de una patrulla militar más aún cuando debe haberse reportado siquiera un incidente referido a la muerte de más de cien personas. Las dudas sobre la seriedad de las indagaciones hechas por el Ministro de Defensa son razonables, aquí parece existir pereza o ineficiencia para investigar, o ánimos de encubrimiento, señaló Vargas.

Ante la incertidumbre por alcanzar justicia, familiares de las víctimas han anunciado que insistirán ante la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho, encargada de la investigación del caso, para que conforme a sus facultades realice la búsqueda de la información en los archivos del Ejército, y se logre obtener la relación de oficiales que permita identificar a los autores de la barbarie ocurrida el 13 de diciembre de 1984.

El abogado de las víctimas Milton Campos, refirió que si el ministro Rafael Rey cree que su principal deber es proteger a los militares está en su derecho, pero si cree que eso implica evadir responsabilidades es otra cosa. La mejor defensa de nuestras fuerzas armadas es limpiarlas de criminales, y un ministro debe confiar que si hoy en día un fiscal o un juez deciden investigar a un presunto criminal, lo hará independientemente.