Tras 8 años de haberse de haberse iniciado la investigación del caso, y 25 años desde que ocurrió la matanza de 123 campesinos en la comunidad de Putis, hasta el momento la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho no ha formulado la denuncia penal correspondiente ante el Poder Judicial.

La principal dificultad para avanzar con la investigación del caso ha sido la negativa del Ministerio de Defensa para proveer a los órganos jurisdiccionales, en este caso al Ministerio Público, la información requerida sobre el personal militar que desarrollaba sus actividades en la zona de Putis en aquel tiempo.

Germán Vargas, abogado y director nacional de Paz y Esperanza, manifestó que “es lamentable que en todos estos años las autoridades del sector defensa y de los institutos armados no se hayan interesado en realizar todos los esfuerzos necesarios para producir la información requerida por la Fiscalía a cargo de la investigación. El Ministerio de Defensa no solo debe limitarse a contestar lacónicamente los oficios de los representantes del Ministerio Público, sino que debe hacerlo satisfactoriamente para así coadyuvar a impulsar las investigaciones, cooperando como corresponde en el proceso para identificar a los responsables de la masacre”.

La Asociación Paz y Esperanza, insistió nuevamente mediante una carta dirigida al Ministerio de Defensa entregada hoy, exhortándole a brindar pronta y efectiva respuesta al requerimiento del Ministerio Público. La carta contó ésta vez con la adhesión de 1475 ciudadanos británicos que adhirieron a una campaña realizada por iglesias del Reino Unido.

Paz y Esperanza institución que patrocina a los familiares de las víctimas de Putis, ha insistido reiteradamente en que la entrega de la información solicitada no es un favor, ni una concesión especial que se le pide al Ministerio de Defensa, sino que sus autoridades deben entender que se trata de un deber ético y legal en atención al clamor de justicia de cientos de familias de la comunidad de Putis.

La masacre de Putis ocurrida el 13 de diciembre de 1984 se recuerda como uno de los episodios más atroces ocurridos durante el conflicto armado interno en el Perú. Ese día militares peruanos ejecutaron extrajudicialmente a más de 100 personas a quienes previamente habían ofrecido protección. Se trató de una sucesión de actos perversos, violaron a las mujeres incluyendo a las niñas, ordenaron a los varones cavar una fosa para, supuestamente, construir una piscigranja, pero una vez concluido el trabajo les mataron a todos, sin importarles que la mayoría fuesen niños, mujeres y ancianos.

El 29 de agosto último se realizó el entierro digno de los restos recuperados de 92 de las víctimas de la comunidad de Putis, se cerró un capítulo doloroso pero se abrió otro, el de la justicia.