Resumen del caso:

 

1.       HISTORIA Y CONTEXTO

La comunidad de Putis, ubicada en las alturas el distrito de Santillana, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, está conformada por ocho anexos: Cayramayo, Rodeo, Rumichaca, Parombambilla, Vizcatán Orccohuasi, Pampahuasi, Sayhua Llamanniyuq y Putis.

 

Durante los años 1981 y 1982 el único puesto de la Guardia Civil cercano a Putis y alrededores es dinamitado. Luego de ello el gobierno de Belaunde Terry retira el puesto, permitiendo así el libre accionar de los subversivos en la zona.

 

En enero de 1983 un grupo de Sendero Luminoso ingresa a Putis y sus anexos, y asesina a sus autoridades. Cunde el temor entre la población, e intimidados por los propios terroristas, casi todos se desplazan hacia los cerros llevando consigo sus pertenencias.[1] Es que a partir de ello que los militares empiezan a acusar a la población de ser terroristas.

 

El drama que vive la población desde entonces se agudiza cada vez más, debiendo alejarse permanentemente de sus pueblos para evitar los abusos tanto de militares como de senderistas. Muchas veces, los padres, volvían por las noches a sus casas para sacar la comida (chuño y papa), que conservaban enterrada para alimentar a sus hijos. En ocasiones, sin embargo, se quedaban sin comer. Durante este tiempo la mayoría de la gente de Putis sólo tomaba agua de los puquiales, dormían en cuevas, y se trasladaban constantemente para que no les siguieran los subversivos ni los militares[2].

 

2.       MATANZA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 1984

 

Un año después, en 1984 se instaló una base militar en Putis. Cansados del abuso de Sendero Luminoso, y confiando en el ofrecimiento de los militares de brindarles protección, en diciembre del 1984 alrededor de doscientos comuneros llegaron a la base militar instalada en Putis para afincarse cerca de ella y así vivir tranquilos. Sin embargo el día 13 de diciembre ocurrió uno de los crímenes más terribles de estos años.

 

La madrugada de ese día se separó a las mujeres de los varones para violarlas sexualmente, los militares ordenaron que los varones cavaran una fosa supuestamente para la construcción de una piscigranja, pero concluido el trabajo fueron matando a la gente sin importarles que entre ellos hubiera mujeres, ancianos y niños. Más de 100 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente esa mañana de diciembre.

 

Luego de esa masacre la base militar siguió instalada en la zona, pero ya no había población civil en la zona. El resto de la gente había huido hasta la selva y las partes más altas de la zona andina de Huanta. De aquella barbarie durante años sólo se escucharon rumores, los hechos fueron ocultados por el Ejército y por el silencio de  testigos demasiado atemorizados para hablar. Solamente después del fin del conflicto armado interno en el año 2000, hubo la posibilidad de sacar los hechos a la luz. Fue el periodista Edmundo Cruz Vílchez, de La República, quien el 27 de Noviembre de 2001 publicaba en ese diario el reportaje que informaba al país y al mundo de la matanza en Putis de más de 100 comuneros provenientes de diversos anexos del distrito de San José de Santillana.

 

3.       INVESTIGACIONES Y EL CASO JUDICIAL

 

Etapa inicial – cronología del caso

 

Debido a la publicación de esa información, se inició formalmente la investigación de estos hechos (Nº 481-2001) el 03 de diciembre del mismo año en la Fiscalía Mixta de Huanta, que despachaba el Fiscal Jaime Coasaca Torres contra el Gral. EP (r) Adrián Huamán Centeno y el Comandante EP Edmundo Obregón Valverde.

 

Durante los años 2001 y 2002 se realizaron algunas diligencias de declaraciones testimoniales indagatorias, así como la solicitud de información dirigidas por el Ministerio Público al general EP de Ayacucho, a las comandancias del Ejército Peruano de Lima y al Ministerio de Defensa – MINDEF, de la relación del personal de la Base Militar de Putis, el domicilio de los militares investigados, la relación completa del personal oficial y sub oficial y subalterno y la identificación de los militares que usaron los apelativos: “Lalo”, “Bareta”, y Comandante “Oscar”.

 

Ante dicha solicitud la respuesta fue que no existía información del personal militar de Putis, que el Gral. EP Huamán se encontraba en situación de retiro y por ello se ha perdido jurisdicción, y respecto del Cdte. EP. Obregón informaban que había fallecido el 04 de agosto de 1992 pero sin adjuntar la partida de defunción respectiva. 

 

Basado en la información de Edmundo Cruz y otros testigos, la Comisión de la Verdad y Reconciliación realizó una investigación del caso luego de lo cual emitió un informe en el que se concluye que en diciembre de 1984, 123 hombres, mujeres y niños de la zona fueron ejecutados por militares bajo la presunción de que simpatizaban con las acciones subversivas.

 

En el mes de mayo del 2003 la investigación fue remitida a la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho y se le asignó el Nº 39-2003. También en esta Fiscalía se presentaron diez denuncias en ese año y una más en el 2005 sobre los hechos denunciados, y en diciembre esta Fiscalía recibió el encargo de la Fiscalía de la Nación por intermedio de su Decano para que investigue estos hechos. Para dicha investigación se alcanzó el informe del caso por parte de la CVR, el mismo que concluye que los apelativos de los principales responsables son: Teniente Lalo, Capitan Bareta y Comandante Oscar, pero no se sabe sus verdaderos nombres. Se incorporó dicho informe a la investigación

 

En el mes de noviembre del año 2004 se realizó la diligencia de Registro e Inmovilización de fosas.

 

En enero del año 2005 el Ministerio Público programó la declaración de Edmundo Cruz Vílchez, la misma, que pese a ser coordinada para que se realice en febrero de ese año, no se llevó a cabo. Además se recepcionó las fichas de identidad de algunos testigos y del investigado Adrián Huamán Centeno. No hubo registro de otros testigos.

 

En enero del año 2006, la Defensoría del Pueblo remitió la denuncia de genocidio interpuesta por Gerardo Fernández Mendoza, a la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho, donde se da cuenta de más de 400 víctimas. En diciembre del mismo  año la investigación fue remitida a la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho para que dirija la misma así como las 11 denuncias presentadas entre el 2003 y 2005, asignándole el Nº 194-2006.

En los meses de marzo y abril del 2008, seis familiares de las víctimas que cuentan con el patrocinio legal de la Asociación Paz y Esperanza solicitaron al Ministerio Público, la realización de la diligencia de exhumación. En el mes de abril de este año la Fiscalía dispuso la ampliación de la investigación por 120 días, disponiendo la realización de diligencias de declaraciones testimoniales. En el mes de mayo, se inició la exhumación teniendo como peritos oficiales al EPAF, diligencia que culminó en el mes de julio.

En diciembre del 2008, la Fiscalía comprende como investigado al Gral. Wilfredo Mori Orzo y a seis integrantes de su Estado Mayor, disponiéndose sus declaraciones indagatorias y la remisión de su hoja de servicios. El 30 de diciembre la investigación se amplió por 45 días más.

 

En enero del 2009, La Fiscalía señaló nueva fecha para las declaraciones en Lima de Wilfredo Mori y los oficiales José M. Figueroa Higueras, Raúl R. García Vergara, Roboan D. Jaime Sobrevilla, Luis A. Paz Zavala, Héctor Mondejar Petrovich y Juan R. Ponce Escalante para los días 29 y 30 de dicho mes, ello a solicitud de los dos primeros. La diligencia se realizó de manera regular.

 

Factores que obstaculizan la investigación

La principal dificultad para avanzar en la investigación de la matanza perpetrada en Putis, es la negativa del Ministerio de Defensa para proveer a los órganos jurisdiccionales correspondientes, información sobre el personal militar que desarrollaba sus actividades en aquél tiempo, en la zona. Por ello coincidimos en la preocupación y demanda expresada por la Defensoría del Pueblo para que los institutos armados realicen todos los esfuerzos necesarios para producir la información requerida por las autoridades del Ministerio Público, así como del Poder Judicial. El Ministerio de Defensa debe responder satisfactoriamente los pedidos hechos para coadyuvar a impulsar las investigaciones, cooperando como corresponde en el proceso para identificar a los responsables de la masacre, lograr el esclarecimiento de los hechos, y procurar justicia.

 

Desde la sociedad civil se viene impulsando una campaña en esa dirección. El 10 de diciembre del 2008, se entregó en el Ministerio de Defensa una carta suscrita por 800 personas procedentes de más de 50 países, reiterando el pedido de información. Sin embargo, desde el MINDEF se insiste en que no cuentan con ella.

 

Otra dificultad que enfrenta la investigación es la ubicación de testigos cuyo paradero ha variado y se desconoce.

 

Respecto de las víctimas, será difícil la identificación de algunas de ellas dado que varias no fueron inscritas en el RENIEC por su corta edad o por la poca accesibilidad al mismo.

 

1.        EXHUMACIONES Y ENTIERRO

 

Exhumaciones

 

En el mes de Noviembre del 2004 la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho realizó el registro e inmovilización de las cinco fosas con el apoyo técnico de un arqueólogo, y en presencia del gobernador de San José de Santillana y algunos familiares de las víctimas.

 

En el 2008 la exhumación se realizó en dos etapas, la primera desde el 16 al 30 de mayo, y la segunda durante los días 17 de junio al 01 de julio, ambos con la actuación del Equipo Peruano de Antropología Forense - EPAF.

 

Del 30 de agosto al 04 de septiembre del 2008 se realizó la exhibición en Huamanga, Huanta, Santillana, y Putis de más de 250 prendas y otros restos hallados en la exhumación, de las cuales 21 fueron reconocidas por familiares de las víctimas. Entre las prendas halladas figuraban ropas de niños, camisas y pantalones de adultos, correas, chompas, zapatos de jebe, gorras, faldas de mujeres y niñas. También se mostraron anillos, bolitas para sujetar cabello de niñas, llaves, imperdibles, adornos de cuello, etc.

 

En noviembre, el EPAF alcanzó el informe pericial de campo y análisis de morgue de restos óseos que contiene i) un informe técnico de la diligencia de cateo y exhumaciones realizadas en las cinco fosas y ii) un dictamen pericial de los restos recuperados.

 

Los informes concluyen que se ha determinado el hallazgo de 92 cuerpos, de los cuales 23 son mujeres, 48 son de menores de edad (38 corresponde a niños menores de 10 años). El 44.5% murió por lesiones producidas por armas de fuego. La distribución anatómica de las lesiones por arma de fuego difieren totalmente a la encontrada en conflicto armados, sugiriéndose que éste es más bien típico en el ataque de un grupo armado contra un grupo desarmado. Se recuperaron 150 artefactos de origen balísticos, las piezas reconocibles eran en su mayoría casquillos de calibre 7.62 x 51 mm y en menor número de calibre 9 mm. Todos los casquillos hallados independientemente del calibre tenían la inscripción “FAME” (Fábrica de Armas y Municiones del Ejército).

 

Aún se en encuentra pendiente el resultado del examen de ADN de las muestras extraídas a 43 familiares de las víctimas, por parte del laboratorio The Bode Tecnology Group de los Estados Unidos.

 

Entierro

 

Una vez terminado el trabajo forense, queda pendiente la entrega de los restos a los familiares de las víctimas y la sepultura digna, hecho que debe expresar además el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, sus familias y comunidades. Acto necesario asimismo para cerrar el duelo, postergado por tanto años.

 

Hasta la fecha se ha logrado una importante donación de ataúdes, por parte de organizaciones públicas y privadas, pero aún falta completar la cantidad necesaria para todas las víctimas. Igualmente se espera la construcción de un espacio especial en el cementerio de Rodeo, para la sepultura respectiva.